Dejà vu: la píldora

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Dejà vu: la píldora

En el Chile de lo posible, cada recoveco del ordenamiento jurídico se transformó en herramienta para desplegar una especie de guerrilla sobre la discusión de la píldora, que parece ser sólo la antesala del debate político sobre el aborto y el estatuto del no nato.

Por Lidia Casas*

El pronunciamiento de la Contraloría General de la República vuelve a situar en la discusión pública la distribución de la anticoncepción de emergencia, AE, en relación con la decisión del Tribunal Constitucional, TC. El tema se ha mantenido vigente desde el año 2001 y pareciera que nunca fuera a quedar clausurado, en un largo vaivén de decisiones judiciales, incluyendo las del órgano Contralor.

En el Chile de lo posible, cada recoveco del ordenamiento jurídico se transformó en herramienta para desplegar una especie de guerrilla sobre la discusión de la píldora, que parece ser sólo la antesala del debate político sobre el aborto y el estatuto del no nato. En cada una de estas ocasiones se omite toda consideración de los otros derechos que se encuentran en juego, las mujeres no hemos existido ni para los jueces ni menos aún para los requirentes. Como si la discusión de la maternidad deseada no estuviera en el centro de la cuestión.

La decisión del TC, ampliamente rechazada desde distintos espacios, afecta sólo la política pública contenida en las Normas Nacionales de Regulación de la Fecundidad, en lo referido a la anticoncepción de emergencia y no vincula a los privados que tenían registros vigentes del medicamento. Cómo resolver tamaña inequidad, pues las mujeres con recursos podemos comprar aquello que se prohíbe para el sistema público de salud.

La respuesta ha sido al más puro estilo chileno, en que nos acomodamos en forma oblicua, (‘no la entrego pero reembolso su costo') como lo hicieron los disímiles alcaldes Sabat, (RN) en Ñuñoa o Undurraga, (DC) en Maipú. Otros, derechamente señalaron que lo harían con sus escasos recursos como una cuestión de equidad en Lo Prado, mientras para algunos la decisión sólo refrendó aquello que se negaron a hacer mucho antes de que existiera el requerimiento, como la Alcaldesa Van Rysselberghe de Concepción.

La Asociación de Municipalidades llevó el tema ante la Contraloría y también el abogado Jorge Reyes, en representación de los diputados aliancistas, sumándose otros abogados. Lo interesante no era un pronunciamiento acerca las facultades que tienen los municipios y cómo se entiende la red asistencial de salud, sino el efecto que querían darle a la decisión del TC: impedir y cancelar de oficio los registros sanitarios para los medicamentos existentes, derogar la inclusión de la AE en la nómina de medicamentos obligatorios para las farmacias y derogar la Guía Clínica sobre manejo de violencia sexual de 2004. Ninguno de estos temas se planteó en el requerimiento.

Se dice en la prensa que fuentes de la Contraloría señalan que la decisión afecta todas las formas de entrega en el sistema público de salud. Sin embargo, es evidente que si la Guía de Atención a víctimas de violación no ha sido derogada y la Contraloría se abstiene de cualquier pronunciamiento, pareciera antojadizo señalar que este dictamen afectará la entrega del anticonceptivo en caso de violación. Lo mismo sucede con los medicamentos autorizados por el Instituto de Salud Pública. Revisar esta historia muestra que es la misma estrategia planteada desde el 2001 por el abogado Reyes, quien solicitó a la Corte Suprema que en virtud de una decisión respecto de un laboratorio dejara sin efecto el registro farmacéutico de otro, petición que no prosperó. El mismo camino recorrió la solicitud del abogado Francisco Cumplido, quien hoy también interviene en este episodio de la píldora; en 2001 solicitó a la Contraloría que se dejara sin efecto el registro de un producto similar, eso tampoco sucedió. Así las cosas, nada ha cambiado mucho y la inequidad se mantendrá como la reina de la fiesta.

*Lidia Casas es profesora e investigadora, Centro de Derechos Humanos UDP.